La historia de Marcos Lechet no deja indiferente a nadie. Desde los cinco años es sordo, al parecer a causa de una vacuna contra el sarampión, y todo lo que ello, acompañado del sufrimiento que puede suponer para un niño. A contracorriente, consiguió un trabajo como técnico de instalación y diseño de jardines, hasta que la crisis se lo llevó por delante. Con 23 años aceptó someterse a una intervención para poder oír, llamada Implante Coclear, que consiste en la implantación de unos electrodos dentro del oído interno que estimulan con reacciones eléctricas y mandan señales al nervio auditivo.
"A mí me permitió volver a escuchar con cierta calidad, me devolvió gran parte de la audición perdida y me ha ayudado a reintegrarme socialmente y a abandonar mi mundo de silencio", explica Marcos. "Ahora escucho sonidos que ya no recordaba, la brisa, el viento, el mar...Y otros que nunca escuché: la voz de mi hijo", añade emocionado.
De 7.500 a 10.000 euros por su mantenimiento
Hasta aquí todo correcto. El problema surge después, y coincide con la misma situación en la que de desamparo en la que encuentran30.000 personas en España, entre ellas niños. La Seguridad Social sufraga el gasto de la operación quirúrgica para el implante, pero a partir de ahí es la persona la que tiene que costearse el mantenimiento. El procesador dura unos cinco años, pero su precio va de los 7.500 a los 10.000 euros y, si son dos, el precio se duplica. Un portapilas puede costar unos 1.400 euros y otras piezas que se deterioran con demasiada frecuencia, unos 100 y 200 euros. Lo que significa que muchos de ellos, una vez han solucionado su sordera se ven obligados a dejar de oír por no poder sufragar los gastos.
La Agencia de Control de Calidad del Medicamento no contesta a las quejas de este colectivo, que se siente desamparado. "La situación es especialmente triste cuando se trata de niños. Conozco casos concretos de pequeños que han dejado de escuchar porque la casa comercial de su implate les cobra a sus padres 1.200 euros por la avería de su procesador ¡Santo Dios! Y los críos haciendo campañas de recogida de tapones de plástico para hacer frente a las deudas, porque sus padres se hipotecan hasta las cejas para que puedan oír", explica Marcos Lechet.
Diferencia de precio en otros países
Advanced Bionics, Cochelar y Med-El son las tres suministradoras de la tecnología IC en España, a las que nadie cuestiona su labor. Pero el problema está en la diferencia de trato a otros países como Francia y Reino Unido, donde los afectados pagan menos. "Las diferencias de IVA no justifican que unos milímetros de cable cuesten aquí 700 euros y en otros países europeos, cien", dice Mariam, madre de una niña con insuficiencia auditiva profunda.
Por eso, Marcos Lechet decidió poner en marcha una iniciativa a través de la plataforma Change.org para exigir a la ministra de Sanidad, Ana Mato, la regulación del implante coclear y de unos precios asequibles de las prótesis. Para ello, también recurrió a varios diputados y convocó una manifestación en Madrid, desde Cibeles alMinisterio de Sanidad, para entregar las más de 170.000 firmas que llevaba recogidas hasta marzo pasado (ahora son más de 174.000).
La respuesta del Gobierno
Hace diez meses, obtuvo el compromiso por escrito del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño Gómez, de que se iban a regular los importes máximos de financiación de los implantes cocleares. Por su parte, el diputado de IU-Izquierda Plural Gaspar Llamazares formuló varias preguntas por escrito al Gobierno y presentó una proposición no de ley, que está pendiente de debate y votación, y consiguió que pudierar albergar esperanzas.
La respuesta de Sanidad es que se compromete a crear por orden ministerial un registro informatizado, aún no existía, con los productos ortoprotésicos que permitirá obtener información sobre los productos comercializados y desarrollar un catálogo común de la prestación suplementaria y los correspondientes importes máximos de financiación. Lo más importante ha sido que, según el ministerio, se trabajará para que se les proporcione a los afectados la renovación de los "componentes externos", aún así no ponen fechas, ni compromisos.
